El sistema público de pensiones constituye la pieza más importante de nuestro modelo de Estado de bienestar en términos cuantitativos -volumen de recursos públicos destinados a sufragar el coste de las pensiones- y cualitativos -enorme sensibilidad y dependencia de las personas mayores de los ingresos que perciben por esta vía-. Hasta hace poco, el gran reto al que se enfrentaban todos los sistemas de pensiones europeos era exclusivamente demográfico como consecuencia de la jubilación de la generación del "baby boom" y el esperado alargamiento de la esperanza de vida. Junto a ello, el estallido de la crisis económica y el dramático incremento del desempleo enfrenta ahora al sistema de pensiones español a un desafío inmediato: la amenaza de su sostenibilidad en el corto plazo como consecuencia de la caída del número de afiliados. ¿Se utiliza la crisis como coartada para impulsar reformas restrictivas de derechos?, ¿son estos cambios inevitables? Desde esta perspectiva la presente obra analiza las dos últimas grandes reformas normativas: las luces -y las sombras- de la Ley 27/2011; y la 'ruptura' del modelo de pensiones que supone la Ley 23/2013 en la regulación del factor de sostenibilidad y del nuevo índice de revalorización anual.