En este libro se abordan, en cuatro bloques diferenciados, los cambios o adaptaciones que debe afrontar el Derecho Procesal y el Derecho Probatorio. Empezando por la irrenunciable protección de los derechos fundamentales. Encontrar el punto de equilibrio entre la eficacia, acortando límites temporales, en la investigación criminal y el respeto de las garantías inherentes al Estado de Derecho es la clave. Se ha superado una “anemia legislativa” en materia de diligencias de investigación tecnológicas, pero, al mismo tiempo, es imprescindible que las mismas se enmarquen bajo la cobertura de determinados derechos fundamentales. Han surgido nuevas formas de criminalidad con manifestaciones o réplicas más allá de un espacio geográfico determinado. La mejora de los instrumentos de cooperación judicial ciertamente puede soslayar determinadas controversias que con las herramientas tradicionales era imposible. Pero, se insiste, sin renunciar a los principios y garantías procesales. En materia civil (y constitucional), la regulación del incidente de nulidad de actuaciones, como paso previo al recurso de amparo, nunca ha sido pacífica. Todo lo contrario, ha permanecido en constante evolución y transformación con el objeto de velar por el respeto de los derechos y libertades fundamentales.

Y si hablamos de cambios, el desarrollo tecnológico tenía que aparecer y se convierte en protagonista de la segunda parte de esta obra. La prueba electrónica, medio probatorio autónomo -o no tanto- respecto de la prueba documental, se ha convertido en la prueba “reina”. O la Inteligencia Artificial, y los sistemas de justicia predictiva, concebidos ahora como herramienta ex ante para facilitar (o, incluso, sustituir) la actuación de los operadores jurídicos. Todas estas cuestiones se analizan y desde distintos órdenes jurisdiccionales (penal, civil y laboral).

Buscar una alternativa al proceso judicial, en aras de una mayor simplificación y aceleración del mismo, centra el tercer bloque. Los medios alternativos de solución de controversias (MASC-ADR) han focalizado el debate normativo de los últimos meses, igual que el tratamiento de las cláusulas abusivas lo ha hecho con la jurisprudencia, tanto a nivel europeo como nacional. El control de las cláusulas abusivas, motivado por cambios económicos, y la protección de la víctima del delito y víctima vulnerable, que ha experimentado una transición por razones de bienestar y evitar su victimización secundaria, son tratados en el cuarto y último apartado de este libro.

Para el proceso y la prueba es el tiempo del cambio y esperemos que, a diferencia de la lírica, corran buenos tiempos.