El objetivo y la finalidad de este libro, es el análisis y la defensa a ultranza del deber de imparcialidad de los funcionarios públicos, como anverso de una moneda en la que el reverso está representado el derecho de los ciudadanos a una Administración neutral , en una especie de conmixtión o compenetración de ambos conceptos, de manera que no es posible su separación, en cuanto que los dos son cosas principales.

En él se examina el decurso histórico y los instrumentos jurídicos puestos a su servicio, sus derivas y su inoperancia práctica debida fundamentalmente al comportamiento desviado de los poderes públicos -políticos- que no reconocen su propio Derecho y que, ignorantes de la historia, ejercitando el poder en su propio beneficio, han regresado a la noche de los tiempos, resucitando una desaforada práctica de consolidación de una Función Pública clientelar, prebendalista y patrimonializada , absolutamente incompatible con la imparcialidad, que en definitiva, constituye un caldo de cultivo propicio para el crecimiento y desarrollo de corrupciones y corruptelas en beneficio de intereses particulares, que hoy constituye la segunda preocupación de los españoles.

Finalmente, tras unas reflexiones ciertamente críticas, se proponen algunas medidas jurídicas -que no son invenciones- para preservar más efectivamente la neutralidad y la independencia del funcionario, en aquellos aspectos o escenarios en los que a mi juicio aparece o puede aparecer más controvertida y comprometida la imparcialidad, y por consecuencia donde más riesgo corren los derechos de los ciudadanos.

Siendo como es el Derecho un fenómeno social, entiendo que puede ser de alguna utilidad ofrecer a la ciudadanía datos, comportamientos y razonamientos jurídicos sobre su aplicación, que sirvan para conocer mejor el problema; para descubrir o redescubrir sus causas, y en definitiva, brindar soluciones que contribuyan a la erradicación o cuando menos a la obstaculización mediante el control interno de las propias Administraciones a través de una Función Pública profesionalizada, imparcial e independiente.

En suma, algo tan simple y tan complejo como es la eficacia social del Derecho, más allá de su validez formal, que en éste ámbito se incumple sistemáticamente por quienes primeramente están llamados a cumplirlo -los políticos- en quienes el concepto jurídico de imparcialidad no ha calado como norma de cultura.