La reciente condena de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a la dictadura franquista, el pasado 17 de marzo de 2006, supuso el primer reconocimiento internacional del denominado caso de los niños perdidos, hijos de presas republicanas arrebatados a sus madres y cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen; pero también niños impunemente secuestrados en Francia, y otros países para su "reintegración a la patria", todavía en los cincuenta. Niños muchas veces buscados por sus hermanos y familiares durante décadas, pero que siguen desconociendo, aún hoy, su verdadera identidad al igual que en los casos de las Abuelas de Plaza de Mayo, en Argentina, o del robo de niños aborígenes de las Stolen Generations en Australia. Más allá del silencio por parte de la reciente ley "de la memoria" de 26 de diciembre de 2007, el presente estudio abordará la calificación jurídica de estas conductas como crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada de personas, en su modalidad agravada infantil, - su marcado carácter de género corno represalia, aún vigente, a toda una generación de mujeres por su compromiso con la democracia, o la injerencia en la vida privada y familiar de estas personas y en su derecho de educar a sus hijos conforme a sus creencias, por parte del naciona[catolicismo obligatorio, entre otras cuestiones de insospechada actualidad -, así como el análisis de los incumplidos deberes de España de: a) interrumpir la consumación permanente de estos crímenes revelando el paradero de los niños tomados en su día bajo la tutela del Estado, b) dar normal cumplimiento a las obligaciones internacionales de reparación e indemnización, en todas sus formas, a familiares y niños perdidos localizados, pero también a los familiares de los aún sin localizar por omisión de las funciones del Estado, y c) enjuiciar a todos los responsables de estos crímenes internacionales no prescritos en virtud del mismo legado de Nuremberg q