El 1 de julio de 2015 entró en vigor la revisión y actualización del Código Penal efectuada por la LO 1/2015 de 30 de marzo. El 13 de marzo de 2019 lo ha hecho la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. El 6 de diciembre de ese mismo año, vio también la luz la reforma de la instrucción penal llevada a cabo por la LO 13/2015, de 5 de octubre, para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Eran unas reformas largamente esperadas y necesarias. Imprescindibles para un proceso penal que quisiera medir sus fuerzas -con garantías de éxito- con la delincuencia actual. Aunque, no nos engañemos, la contienda entre la ciberdelincuencia y su investigación sigue siendo desigual. A pesar de que el nuevo marco legal facilita la transformación digital del proceso penal instalándolo de lleno en el siglo XXI, la tarea interpretativa de los Tribunales sigue siendo esencial. Un tratamiento integral de las reformas procesales y penales referidas parecía necesario. Para ser realmente sólido debería incluir un estudio riguroso, tanto de la parte sustantiva como de la procesal, y apoyarse en las resoluciones judiciales producidas por la Jurisprudencia en estos primeros años. Ese trabajo es el que aborda el libro que tiene en sus manos el amable lector.