Vivimos en un mundo de grandes desigualdades -poder, riqueza, acceso a la información y oportunidades- en el que muchas personas luchan por desarrollar sus capacidades. Muchos de ellos no conocen los derechos que les asisten. Más aún, no saben cómo pueden acceder a ellos. Se trata de un problema universal que podemos encontrar tanto en las barriadas del este de Londres como en las comunidades rurales del África oriental. Con demasiada frecuencia, los preceptos legales no son tenidos en cuenta ni tienen eficacia.

Con ello en mente, los abogados y los profesionales jurídicos de todo el mundo tienen la responsabilidad de hacer todo lo que esté en su mano para que las personas disfruten de la protección prevista en las leyes. No es justo que vivamos en un mundo en el que, según Naciones Unidas, cuatro mil millones de personas viven fuera del Estado de Derecho. Es una situación inaceptable, cuya solución no podemos considerar responsabilidad exclusiva de los demás.