Con el plazo de transposición ya vencido, la incorporación de la Directiva (UE) 2019/1152 al Derecho español obliga a llevar a cabo una revisión del Estatuto de los Trabajadores y de otras normas, principalmente el Real Decreto 1659/1998. Las materias que deben ser comunicadas en papel o por soporte electrónico a los trabajadores aumentan y se acortan considerablemente los plazos para dicha comunicación. La Directiva obligará también a una revisión de la actual regulación del periodo de prueba, entre otros ajustes, limitándolo a seis meses, con una potencial reconsideración general de todo el sistema en lo que concierne a los contratos de duración determinada. Un punto de particular interés en la transposición será la puesta en práctica de mecanismos de tutela de los derechos contenidos en ella. La transposición, en síntesis, obligará al legislador español a una tarea detallada y minuciosa de ajuste, más compleja que en otras ocasiones, con numerosas decisiones de política legislativa que no pueden ser objeto de una incorporación automática. El impacto de la Directiva en los empleados públicos y en las relaciones laborales de carácter especial son objeto, en concreto, de un análisis específico a lo largo del libro.