Hasta no hace mucho tiempo, alrededor de diez años, las materias concernientes a la denominada Administración local se hallaban relegadas, tanto por la mayoría de la doctrina y los actores políticos, como por la atención legislativa que recibía, a un segundo término. El gigantesco proceso de división horizontal del poder po lítico acaecido en España en beneficio de las Comunidades Autónomas, había impedido cualquier otra forma de descentralización política relevante que no fuera, de iure y de facto, más que la autonómica referida, hasta el extremo de que pareciera que no fuera posible otra modalidad de descentralización de los antiguos moldes de nuestro tradicional Estado unitario y centralizado, que la propia de las Comunidades Autónomas. Ahora bien, en estos últimos años las circunstancias han empezado a cambiar de forma significativa, e incluso de manera incontestable. Los más de ocho mil municipios existentes a lo largo del territorio nacional, por lo demás de conformaciones estructurales y funcionales muy varias, así lo reclaman. De esta suerte se ha producido por parte tanto de los agentes políticos estatales, autonómicos y, cómo no, de los propios actores municipales, un cambio sustancial. Reflejado en hechos como la necesidad de la reforma de las Administraciones locales, de las ventajas incuestionables del llamado Pacto Local, de la conveniencia de afianzar e impulsar la autonomía de las entidades locales, del nuevo impulso municipal, de la apuesta por la apodada segunda descentralización, y, de manera muy reciente, la entrada en escena de una posible Ley de Grandes Ciudades. Sin que podamos olvidar, dada su significación institucional, la atribución al Tribunal Constitucional de una nueva competencia, como es la de los conflictos en defensa de la autonomía local, tras la reforma de la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de la Ley Orgánica del Tribunal. Todo lo cual confirma el excelente momento discursivo y polemista que viven los asuntos locales.