Transcurridos siete años de la publicación de la primera edición de A las puertas de la Administración digital, es una evidencia que el uso de los medios electrónicos se ha extendido tanto en el funcionamiento y la actividad de las Administraciones públicas españolas como en sus relaciones con la ciudadanía y las empresas.

Ello es el resultado del avance que, con carácter general, han seguido experimentando las Administraciones públicas en el proceso de incorporación de los medios electrónicos iniciado hace más de dos décadas y que se ha visto enmarcado e impulsado por las sucesivas normas básicas aprobadas (significativamente, la LRJSP, la LAECSP y la LPACAP y la LRJSP). La entrada en vigor, el 2 de abril de 2021, después de dos prórrogas, de distintas previsiones de la LPACAP en relación con el uso de los medios electrónicos y la aprobación días antes del RAFME han constituido el impulso definitivo.

Pero, asimismo, la extensión del uso de los medios electrónicos en las Administraciones públicas y el proceso de construcción de la Administración digital en España también es consecuencia de otros elementos que han catalizado su desarrollo en estos años.

En primer lugar, el impulso que han dado las instituciones europeas y que ha sido acogido por las estrategias elaboradas por las distintas Administraciones públicas españolas sobre la Administración digital (por ejemplo, la Agenda España Digital o el Plan de Digitalización de las Administraciones públicas 2021-2025). En esta dirección, la Declaración de Tallin sobre Administración electrónica aprobada en la reunión ministerial durante la presidencia estonia del Consejo de la Unión Europea, el 6 de octubre de 2017, prevé que las Administraciones públicas avancen en relación a los principios versión digital por defecto, inclusión y accesibilidad, 'solo una vez', fiabilidad y seguridad, apertura y transparencia e interoperabilidad.