Las medidas, los planes, los instrumentos que permiten la integración de la vida familiar, personal y laboras, exigen un nuevo contrato social cuyos destinatarios son todos, sin exclusión. No pueden ser planes destinados a que las "mujeres trabajadoras" concilien, sino destinados a los padres y a las madres, debiendo contribuir a forzar el cambio de roles estereotipos en términos de corresponsabilidad. De la misma forma, los instrumentos de conciliación no deben repercutir negativamente en sus titulares, menoscabando sus derechos laborales y de seguridad social, lo que hace preciso buscar nuevos equilibrios. Igualmente deben ir destinados a los empresarios, singularmente a los pequeños y medianos empresarios, en la medida en que son los principales receptores de los instrumentos conciliadores. En este orden, sería una nueva equivocación, trasladar al empresario los costes de los instrumentos, en la medida en que las exigencias de productividad y competitividad en un mundo globalizado y de libre comercio, podrían producir un efecto negativo. Por último, el papel de los poderes públicos es esencial, tanto en la función legislativa, redistribuidora y promocional, como en la función de dinamizador del nuevo contrato social. Con esta vocación, se plantea la reforma de la maternidad, el riesgo durante el embarazo, la excelencia pro cuidado de hijos..., se propone la creación de una prestación básica de maternidad como derecho de ciudadanía, de un permiso de paternidad obligatorio, de una prestación única para el padre y la madre, la potenciación de cuidadotes familiares, medidas de apoyo a los empresarios, singularmente a las PYMES y a los autónomos...finalmente, se reflexiona (EPÍLOGO) sobre mecanismos de garantía y tutela, así como sobre la suspensión del contrato de trabajo y sus efectos.