El camino que toda investigación nos revela es apasionante. Pues cuando iniciamos el primer paso poco podemos aventurar el resultado final del mismo. Así cuando iniciamos la pregunta de investigación que nos condujo hasta aquí habían sucedido ya múltiples trabajos que se ocupaban con mayor o menor profundidad de aspectos tales como la gobernanza, la transparencia, la administración electrónica, o la incorporación de nuevas técnicas de control de la actuación administrativa, en un derecho administrativo derivado de la crisis económica. Se habían producido significativos avances respecto del examen de la noción de simplificación administrativa, y en el ámbito de la protección de los derechos que en el contexto de la sociedad- red acaban siendo objeto de especial vulnerabilidad, y en consecuencia requieren significativa atención, (derecho a la información, a la intimidad, y a la garantía de confidencialidad que lleva aparejada), y un régimen derecho a la protección de datos complementario.
Pero, nada puede ser entendido ni investigado ya en nuestro país sino lo es bajo el paraguas de la matriz del derecho comunitario. Matriz que conjuga un sistema Europeo y una legitimación institucional, capaz de alterar las reglas internas de los mercados en aras de instrumentos financieros globales y de propuestas que deban integrarse de manera coherente en el ordenamiento jurídico de cada país miembro de la Unión. Así, sucedería respecto de la proyección de KINSGBURY en el Derecho Administrativo Global que tan interesante resulta para explicar la necesidad de dar respuestas globales a problemas también globales. El Código Renual, de Derecho Administrativo y Procedimiento y las fallas de un sistema que se nutre de técnicas a veces insuficientes se han revelado especialmente notorias en el contexto de la crisis económica, social y por ende política de los últimos años en nuestro país. Ya no podemos sin más dejar relegado a un segundo plano el papel del ciudadano en la configuración de las políticas públicas. No es de recibo, instaurar mecanismos únicos de “auctoritas” en contextos de globalización e intercomunicación tales que soslayan con la fuerza de los hechos las premisas unilaterales del quien desea ostentar de manera unilateral el poder. La premisa Constitucional que abogaba por una soberanía nacional residenciada en el pueblo, adquiere entonces una especial significación, y se traduce en la implementación de nuevas formas de participar y de expresar la voluntad de organización diferente a la que hasta ahora hemos podido aprehender.
Quizás, por ello, el letargo del jurista en dar respuesta a las dinámicas sociales, o hacerlo de manera sesgada, esté siendo el caldo de cultivo de la expresión de una nueva forma de economía colaborativa. Economía que si bien debe - situarse aún en el contexto del artículo 128 de la Constitución, que sigue sometiendo toda la riqueza del país al interés nacional, se ordena de forma auto-gestionada, implicando la participación activa de quienes proveen servicios y quienes lo reciben.
Pues bien, en este contexto, en una creciente literatura que pone en valor la necesidad del uso de dispositivos que contribuyan a la generación de Big data, en aras de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y en el contexto de una creciente necesidad social, las políticas urbanas deben proponer nuevos paradigmas de gestión de los recursos públicos.