La función del sistema es promover y proteger los derechos humanos consagrados en los instrumentos regionales de protección de estos derechos que están en vigor. De estos, los más relevantes para los derechos sexuales y reproductivos son: la Declaración Americana de Derechos del Hombre (1948)8; la Convención Americana de Derecho Humanos (1964)9; La Convención para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer(Belem do Pará 199510) y el Protocolo de San Salvador (entró en vigencia en 199911) Estos instrumentos consagran los derechos a la igualdad, a la integridad física, a la salud, a la educación, a contraer o no matrimonio, y a decidir el número e intervalo de hijos. Además crean mecanismos de protección específicos para que a través de la CIDH y de la Corte los estados se vean obligados a cumplir con estas normas.