La ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica introduce en el Código civil un nuevo sistema basado en el derecho a decidir de las personas con discapacidad. Estas son las principales líneas que se han tratado en esta obra:

• La nueva regulación da preferencia a los poderes preventivos, en especial la autocuratela.

• Se lleva a cabo un cambio en la concepción de la guarda de hecho que pasa a ser una institución jurídica de apoyo más permanente.

• La curatela será meramente asistencial y, solo por excepción, tendrá naturaleza representativa.

• Desaparece para las personas con discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y rehabilitada por no ser instituciones acordes con la autonomía de la persona.

• En el ámbito familiar cambian ciertas normas sobre los efectos de las crisis matrimoniales cuando haya hijos mayores de edad con discapacidad.

• En materia sucesoria, lo más relevante es que desaparece la sustitución ejemplar y se modifica la concepción de la sustitución fideicomisaria.

• La consideración de las personas con discapacidad como sujetos susceptibles de actuar con conciencia y voluntad implica un correlativo cambio en el concepto de imputación subjetiva en la responsabilidad civil por hecho propio y en una nueva y más restringida concepción de la responsabilidad por hecho ajeno.

• El objetivo del nuevo procedimiento judicial será valorar en qué medida la discapacidad que tiene esa persona, puede afectar al ejercicio y cumplimiento de sus derechos y deberes, pero no se debe acordar nada sobre la limitación o anulación de su capacidad.

• En relación con las medidas de carácter socio laboral se aborda la mayor autonomía personal, la integración y acceso al empleo de las personas afectadas por una discapacidad y las estrategias y regulación que proporciona la Unión Europea en esta materia.

En definitiva, esta reforma amplia y contundente pone de manifiesto un cambio de mentalidad para todos los operadores jurídicos, reconociendo la plena capacidad jurídica, la dignidad de la persona y su derecho a tener los apoyos necesarios para tomar decisiones. Se centra en la voluntad, las preferencias y deseos de la persona, siempre con las salvaguardas necesarias para evitar los conflictos de intereses o influencias indebidas.