Desde los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York la "Seguridad del Estado" parece depender, a nivel nacional e internacional, del máximo control de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y de su utilidad como herramientas de control de las personas. Estamos en un momento en que la privacidad, los datos de carácter personal, el secreto de las comunicaciones o la información genética, son intervenidos de forma masiva y habitual por los Gobiernos para prevenir ataques terroristas y la delincuencia organizada. Sin embargo, en no pocas ocasiones, ha resultado que esa información se ha destinado a otras finalidades que nada tenían que ver con esto, y se ha hecho sin las debidas garantías de respeto a los derechos fundamentales de quienes están siendo vigilados.

El "Gran Hermano" de Orwell o el "Panopticón" de Bentham son reales hoy porque la tecnología lo permite y porque la legislación no alcanza a limitar su mal uso. Los cambios se producen muy rápido, también para los jueces y abogados que intentan aplicar las normas vigentes. Obviamente, no es tarea fácil darle sentido a la previsión que ya 1978 avanzaba el art. 18.4 de la Constitución Española.

Esta obra estudia y cuestiona la utilidad de la información de carácter personal que se "cede" al servicio de las Administraciones Públicas que se encargan de mantener la Seguridad del Estado, se analiza la tecnología que actualmente existe a su disposición, y se referencia la doctrina generada en estos años en relación con la defensa de los derechos fundamentales en este ámbito tan específico.