La Administración pública debe dar respuesta a las cada vez más frecuentes situaciones de los funcionarios públicos que presentan limitaciones psicofísicas que les impiden desempeñar su servicio en condiciones óptimas de seguridad y/o rendimiento. Son funcionarios públicos que en un momento dado presentan una reducción o pérdida de capacidad debido a factores tales como la edad o una concreta característica física o psíquica o un estado transitorio o, en fin, circunstancias varias sobrevenidas que les impide realizar su prestación de servicios en las mimas condiciones anteriores. Estas situaciones plantean a la Administración pública una serie de problemas jurídicos y de gestión de personal, dados los sistemas de acceso en la función pública. Se trata de observar los derechos del funcionario público dispuestos en la normativa estatal y autonómica de desarrollo que faciliten la mejora de sus condiciones de salud y seguridad a través principalmente de su reubicación en otro puesto compatible.