La responsabilidad civil por la tenencia de animales tiene como precedente remoto la romana #actio de pauperie# (#si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, actio ex lege duodecim tabularum descendit#: D.9.1.1.), por la cual, el perjudicado por la agresión de un animal podía exigir al propietario, o bien una indemnización de daños y perjuicios o bien la entrega del animal. Nuestro Derecho Histórico se preocupó de la cuestión, y así el Fuero Real (Libro IV, Título IV, Ley XX) obligaba al dueño de animales mansos (que incluía a los perros domésticos) a indemnizar los daños causados. La Partida VII, Título XV, Leyes XXI a XXIII, imponía a los propietarios de los animales feroces el deber de tenerlos bien guardados, y la indemnización incluía el lucro cesante. Pasando hoy en día a regularse en el art. 1.905 del Código Civil que impone, al poseedor o al que se sirva de un animal que ha causado un daño, no atribuyendo directamente la responsabilidad al propietario, la obligación de indemnizar al perjudicado los daños y perjuicios ocasionados, aunque no mediara atisbo alguno de culpa o negligencia y su conducta hubiera sido total y absolutamente diligente, quedando liberado de esa responsabilidad sólo en caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido. La jurisprudencia reconoce esta responsabilidad como uno de los escasos supuestos claros de responsabilidad objetiva admitidos en nuestro Ordenamiento Jurídico.