Es evidente el extraordinario incremento de reclamaciones por supuesta mala praxis sanitaria. Unas negligencias sanitarias debidas a las más variadas causas, tan complejas y diversas como complicado y vasto es el ejercicio de la medicina en nuestros días. Junto a la modificación de los patrones de interacción entre médico y paciente —que ya no se basan más en la confianza, sino en el desconocimiento mutuo y en la exigencia por parte del paciente de calidad e incluso de resultados—, también cabe hacer mención a aspectos como: la gran demanda de prestaciones, medios técnicos sofisticados y en continua renovación, grandes posibilidades diagnósticas y terapéuticas, masificación de enfermos, al incrementarse la esperanza de vida, y mayor capacidad asistencial de nuestro país en materia sanitaria, medicina de urgencia que modifica las actuaciones ordinarias, listas de espera; o medicina en equipo.
Pero el problema es aún más complejo que todo esto. Más que del sistema sanitario en sí, las reclamaciones en gran medida dependen de la sociedad que recibe los servicios. La nuestra, se ha convertido en una sociedad cada vez más exigente y reivindicativa, que llega a considerar la salud como un derecho. Las mayores expectativas generadas con el creciente éxito de los tratamientos actuales, nos ha llevado a que, como pacientes, no sobrellevemos bien el fracaso, a que no aceptemos la desventura. Es como si todos tuviéramos el derecho a sanar y no morir.
El problema, en definitiva, ha pasado de ser una cuestión técnica de errores de diagnóstico y terapéutica, a ser una cuestión más compleja, que abarca a todo el personal sanitario, a los órganos de dirección de los hospitales y hasta a la clase política. Unos problemas que, de su parte, tienen una enorme repercusión social, pasando a formar parte de las tertulias, debates y, en general, a la opinión pública, llegándose incluso a crear asociaciones de víctimas de los errores médicos. Y el principal motivo suele ser monetario, acudiéndose directamente al Juzgado en busca, a veces de la responsabilidad penal del sanitario, y casi siempre de la indemnización económica. Indemnizaciones que al final termina pagando el sistema público de salud, y por tanto todos nosotros.
Sea como fuere, dentro de las causas fundamentales, propias y necesarias de cualquier tipo de asistencia médica, existen un grupo de ellas que siempre entran en juego en las reclamaciones motivando mala praxis y denuncias por sí mismas. Una de ellas, por no decir la principal, es la defectuosa información al paciente, ya sea anterior, durante o posterior al acto sanitario. Una falta o defecto de información, que invalida el posterior consentimiento otorgado por el paciente, lo que a su vez anula la concreta actuación sanitaria, comenzando las posibles responsabilidades.
Es de este aspecto, en concreto, del que nos ocupamos en esta elaboración: del fundamento, requisitos, y modo de dar la información necesaria para que el paciente otorgue su consentimiento de forma válida; y de las responsabilidades en que puede incurrir el sanitario en caso de mala praxis por falta o defecto de la información pertinente.