El sistema de financiación de las Administraciones Territoriales constituye un pilar importante de nuestro marco legal cuyo correcto diseño es vital para garantizar el buen funcionamiento del Estado Autonómico. Las Comunidades Autónomas (CC.AA.) tendrán que tener lista antes del año 2014, por ley, la reforma del modelo de financiación.

Es necesario recordar que, en nuestro país, conviven dos sistemas de financiación regional muy diferentes. El denominado Sistema Foral, aplicado en el País Vasco y en Navarra, y el Sistema de financiación de Régimen Común, que es el que rige en el resto del país. Los dos Sistemas funcionan por lógicas distintas. En el primero de ellos, son las haciendas forales las que recaudan y gestionan la totalidad de los tributos (excluyendo las cotizaciones sociales) para, después, transferir al Estado una cuota denominada Cupo que, en principio, debería cubrir el coste de los servicios sufragados por el Estado en dichos territorios, además de contribuir a cubrir la aportación de las haciendas forales a la solidaridad entre las regiones. Por el contrario, en las CC.AA. de Régimen Común es el Estado quien mantiene el control directo sobre buena parte de los rendimientos de los tributos utilizando estos recursos para financiar sus competencias, así como para complementar los ingresos de las CC.AA. con menor renta.

El diseño de la financiación regional de las CC.AA. de Régimen Común es uno de los asuntos que más controversia ha generado en nuestro país desde el inicio del proceso de descentralización; y con la llegada de la crisis el debate se ha agudizado llegando incluso a convertirse en uno de los argumentos centrales del independentismo catalán. A pesar de las sucesivas reformas, el modelo no ha conseguido resolver de forma satisfactoria los problemas de equidad y de eficiencia que arrastra desde el origen; sino todo lo contrario: ha tendido a complicarse haciéndose cada vez menos transparente y más incomprensible para el ciudadano. En este contexto, la reforma del sistema de financiación de las CC.AA. de Régimen Común se convierte en tarea crucial para el buen funcionamiento del Estado Autonómico.