En los últimos años han salido a la luz varios casos de profesores de religión católica de centros públicos cuyos contratos anuales no fueron renovados por haber desplegado conductas como contraer matrimonio con divorciados, ejercitar el derecho de huelga o pertenecer a determinados partidos políticos. Estos comportamientos, aunque merezcan reprobación desde la doctrina y moral católica, resultan amparados por la Constitución, máxime cuando son manifestación del legítimo ejercicio de derechos fundamentales. Al ratificar el Estado (empleador) la decisión eclesiástica no solo se produce una confusión entre funciones religiosas y estatales (contraria al principio de laicidad) sino que penaliza el ejercicio de aquellos derechos.

Aunque engarza con un tema más amplio -la enseñanza de la religión católica en la escuela pública-, la monografía se centra en la figura de los profesores que la imparten. En un primer momento se examina la evolución normativa y los problemas jurídicos que se plantearon (carácter de empleador, naturaleza jurídica del contrato, etc.). A continuación, se analizan los supuestos en los que la no renovación del contrato puede ser constitutiva de vulneración de derechos fundamentales. En este punto, una vez estudiados los casos más emblemáticos y las reacciones sociales y políticas que suscitaron, se acomete un análisis jurisprudencial que concluye con las cuestiones de inconstitucionalidad admitidas a trámite por el Tribunal.