El presente trabajo aborda el tema de los procedimientos administrativos desde la perspectiva constitucional; esto es, desde las bases mismas de nuestro ordenamiento jurídico, en estrecha correspondencia con el bloque de constitucionalidad, destacando su relación no sólo con las cláusulas del Estado social de derecho y del Estado democrático, sino también con los tratados y demás directrices propias del Derecho internacional (que el Estado está obligado a cumplir y res petar). Para deducir de ellas los principios estructuradores de la disciplina y el papel que cumplen en aras de la plena realización de las finalidades de nuestro modelo de ordenamiento jurídico.

Los anteriores planteamientos conceptuales se vinculan con el concepto de "sociedad de la información y las comunicaciones" en la medida en que configuran el más preciado conjunto de instrumentos que permiten hacer viables las finalidades que justifican nuestra existencia como Estado constitucional.

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones generan impactos sustanciales en el contenido mismo de nuestro objeto y misión, de tal forma que derechos como los de la información y la comunicación pasan a vertebrar la disciplina, consolidando una sociedad estrechamente integrada a través del acceso y uso de las herramientas propias de las tecnologías, generando las más impredecibles interacciones entre sociedad y Estado, y orientando la administración blica y los administrados por senderos de indiscutible profundización en sus relaciones.