El sistema español de Seguridad Social se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. Los mismos principios que el Tribunal Constitucional ha deducido de los preceptos constitucionales que contienen unas orientaciones sobre el contenido y alcance de la Seguridad Social.
Su formulación legal expresa, en el art. 2 TRLGSS, ha suscitado más de una crítica doctrinal referida al criterio seguido por el legislador al seleccionar estos cuatro principios, cuando en los textos jurídicos en materia de Seguridad Social hay referencias a otros principios, como el de suficiencia, generalidad objetiva, contributividad, sostenibilidad. Sin embargo, no deberían confundirse los principios que inspiran la configuración del sistema con los objetivos de protección que se persiguen (suficiencia, sostenibilidad futura del sistema o cobertura de situaciones de necesidad) ni con las reglas que se pueden poner en marcha para alcanzar esos objetivos.
Tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional, corresponde al legislador determinar y regular el contenido de protección, respetando esos rasgos básicos que distinguen lo que debe entenderse por Seguridad Social. Para ello, habrá que tener en cuenta la integración del sistema de Seguridad Social en un sistema más amplio y mucho más complejo de protección social, con objetivos y fines diversos.