Durante el ya dilatado proceso de integración europea, ha sido una constante por parte de la doctrina la consideración de que la construcción europea adolecía de un significativo déficit democrático, en el sentido de que la arquitectura institucional y, en definitiva, la generación de una comunidad de derecho a nivel europeo, poco tenía que ver con los estándares democrático-constitucionales de los Estados miembros fundadores o, posteriormente adheridos, la mayoría de ellos configurados constitucionalmente sobre la base del sistema de parlamentarismo racionalizado.
A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, los problemas jurídico-constitucionales de dicho proceso alcanzaron mayor relevancia, pues la asunción de competencias por parte de la Unión Europea trascendían al proceso de integración puramente económico: ciudadanía, configuración de una autoridad colegisladora sobre la base de la legitimación representativa, emergencia de una política exterior, la creación de un espacio de justicia y de orden público etc. Se comenzó, entonces, a construir una doctrina donde, si bien el debate entre democracia y tecnocracia seguía subsistiendo, el nudo gordiano de la cuestión se situaba en discernir si la integración adolecía de un déficit constitucional o, al menos, de un déficit parlamentario.
La malograda Constitución Europea y el proceso abierto, no sin dificultades, con el Tratado de Lisboa ha generado otro tipo de debate de raíz más postmoderna, basado en la idea del llamado «constitucionalismo multinivel», centrado en un sistema de diálogos esencialmente jurisdiccionales, dando cabida a otras instancias, en un principio situadas «ad extra» del sistema institucional comunitario, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este sistema de diálogos no ha paliado, sin embargo, los problemas que se derivan del sempiterno déficit democrático, constitucional o parlamentario de la Unión Europea.
En los esfuerzos de la Unión Europea por construir un sistema basado en una comunidad de derecho donde el principio democrático (entendido éste sobre la base de la democracia representativa y partitocrática propia del constitucionalismo social posterior a la Segunda Guerra Mundial) esté indubitadamente juridificado, emerge la cuestión nuclear del pluralismo político y de la configuración de los partidos políticos a escala europea o partidos políticos europeos, cuestión sobre la que se ha avanzado en esta última década y que se vislumbra, al menos parcialmente, como una realidad de cara a las elecciones europeas de 2014.
La configuración de un pluralismo político transnacional, más allá de las loables intenciones de los operadores políticos de la Unión, suscita al menos un interrogante: dicho proceso se enmarca en una idea militante de la democracia, con un pluralismo constreñido casi en su totalidad a las grandes familias políticas europeas que dieron el sustrato ideológico necesario para iniciar la andadura de la integración, limitando las propuestas críticas o claramente opuestas a dicho proceso. La espinosa cuestión de la democracia militante, de un pluralismo basado más en la alteridad que en la igualdad de oportunidades, ha llevado a que el concepto indeterminado de «formación de la conciencia europea» constriña la eclosión y, en definitiva, el propio futuro de otras opciones ideológicas que han de entenderse también legítimas. La regulación del Reglamento de 2003 y sus posteriores reformas apuestan por un control material programático de los partidos a escala europea, que va más allá de un control de acciones que pudieran poner en riesgo el propio pluralismo. Esta idea expansiva de la democracia militante en la Unión Europea, que choca con la reiterada, aunque a veces pendular, jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos produce, cuando menos un cierto desasosiego.