Tras la revolución telemática, la existencia del derecho a la intimidad ha sido reputado por ciertos sectores -no sin cierta razón- como un derecho vacío de contenido, una quimera o una mera entelequia.
Vivir en un mundo sin intimidad se nos asemeja a un cosmos orwelliano, donde todo se halla condicionado por una mirada ajena que nos coarta. No yace en él más la esperanza de libertad, pues todo lo que hacemos o elegimos se encuentra supervisado.
Este contexto asimétrico reclama un contrapeso que ponga límites a los grupos y poderes que parecen controlarlo todo desde la sombra.
Ya Solón, padre de las primeras leyes democráticas, advertía que leyes son semejantes a las telas de araña; detienen a lo débil y ligero pero son deshechas por lo fuerte y poderoso. No es este el caso, pocas regulaciones han sido tan aclamadas como necesarias como el nuevo Reglamento.
Con esta norma, de aplicación directa y prevalente para todos los ciudadanos de la Unión, Europa se erige en una potencia mundial un marco de referencia mundial y, a la par, se postula como quizás la sociedad democrática más avanzada. En consecuencia, conocer y saber utilizar esta importantísima normativa se nos antoja tanto un deber del jurista como una necesidad ciudadana.
No obstante, este capital instrumento normativo sólo puede ser apropiadamente comprendido y calibrado, dentro del complejo acervo normativo y jurisprudencial que le confiere su verdadero sentido.