Coord. Zulima Sánchez Sánchez. Nuestras administraciones públicas han asumido, desde hace tiempo, la necesidad de introducir en la normativa la exigencia de participación que se sugiere en nuestro texto constitucional tanto en el artículo 9 como en el 23. Si bien es cierto que la Constitución Española consagra una Democracia es representativa, no puede olvidarse que la cláusula del Estado Social exige tener presente la opinión de los ciudadanos, de forma directa o bien a través de las asociaciones, en la toma de decisiones que les afecten. La presencia del ciudadano se permite desde mediados del pasado siglo en nuestra legislación que arbitra la posibilidad de que en sede administrativa se informe al administrado de la tramitación y pueda hacer alegaciones. Esta participación de los afectados en el procedimiento administrativo se ha ampliado con la apertura también del concepto de legitimado. Las asociaciones que defienden determinados intereses, también están legitimadas para recibir información concreta sobre determinadas actuaciones administrativas e incluso, participar en la fase de información pública y acudir a juicio contra los actos administrativo o disposiciones generales que sean contrarias a los fines asociativos por los que trabajan y desarrollan su actividad. Ampliado el concepto de interés legítimo se amplía también el acceso a la información y a los expedientes administrativos en calidad de interesado. Desde este momento se refuerza el papel de las asociaciones y ONGs en la toma de decisiones y su posición como defensores de intereses colectivos concretos, en ocasiones no representados de otra forma que no sea mediante la participación de estas asociaciones en la toma de decisiones mediante su intervención en Consejos Sectoriales, períodos de información pública# etc. Pero poco a poco se da un paso más en la normativa y se permite la participación en los procesos de toma de decisiones, condicionada a que así lo estimen conveniente los representantes.