Las medidas cautelares en el proceso penal constituyen una materia de singular importancia e interés en la actualidad. Por un lado, en ellas encontramos un conflicto entre el interés del Estado en la efectividad de las sentencias que puedan dictarse en el orden penal y el necesario respeto a los derechos fundamentales, que debe primar respecto a una persona sometida a enjuiciamiento sobre la que no existe todavía, y puede no llegar a existir nunca, un pronunciamiento judicial firme de signo condenatorio. A nadie se le escapa la trascendencia de dicho conflicto debido a la alarma social y el sentimiento de impunidad que la inejecución de sentencias penales producen en la conciencia social y, también, por el necesario respeto a derechos fundamentales de singular importancia, como la libertad. Por otro lado, las medidas cautelares en el proceso penal han sufrido, en los últimos años, diversas reformas fruto de la intención del legislador de resolver adecuadamente dicho conflicto. Así, se han dictado leyes reformando medidas cautelares ya existentes, como la prisión provisional, para adaptarlas a las exigencias constitucionales de respeto a los derechos fundamentales, introduciendo, además, nuevas medidas cautelares de singular relevancia en la práctica, dirigidas a dar adecuada protección a las víctimas, como la orden de protección.