Uno de los objetivos del Gobierno en materia socio-laboral es la lucha contra el empleo irregular, o trabajo no declarado, y contra el fraude a la Seguridad Social, como auténticas lacras de nuestro sistema de relaciones laborales y de protección social pública. Para hacer frente a estos fenómenos, el Consejo de Ministros aprobó un Plan de lucha que contemplaba medidas institucionales, organizativas y estructurales para mejorar la eficacia de los poderes públicos.

Este Plan de choque ha tenido como lógica consecuencia la publicación de la Ley 13/2012, y la Ley Orgánica 7/2012, que reforman las normas básicas de nuestro ordenamiento laboral y penal.

Al estudio en profundidad de estas reformas se han dedicado los autores que han participado en este estudio (Inspectores de Trabajo, Letrados de la Seguridad Social y Magistrados del Orden Social) que suman a los conocimientos teóricos sobre la materia la experiencia práctica que les proporciona el día a día de su implicación profesional en el desempeño de puestos de responsabilidad en sus respectivos ámbitos.