El fuego, para el Derecho como para la sociedad, representa, a la vez, un bien necesario para la supervivencia, para el avance tecnológico y, desde tiempos inmemoriales, para el ocio asociado, no pocas veces, a ritos y creencias. Pero también ofrece la cara devastadora frente a la que los poderes públicos vienen previniendo sus causas, extinguiendo sus efectos y castigando las conductas que provocan y propagan incendios. Con el presente libro, el autor aporta, de manera necesariamente selectiva, una visión que, además de incidir en esos dos aspectos antagónicos, trata de superar la rigidez tradicional entre la política criminal y la administrativa, así como ahondar en las razones, a veces injustificadas, de la disparidad de tratamientos, tipificadores y organizativos, con que se vienen abordando las llamas en el medio rural -o nalural- y en el urbano. Desde una vertiente estrictamente jurídico-administrativa, la obra destaca y reseña la amplia jurisprudencia y doctrina de los órganos consultivos sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones en relación con el fuego.