La entrada en vigor de la Ley Concursal (LC) el 1 de septiembre de 2004 supuso un cambio radical en la regulación procesal y material de las insolvencias en el ordenamiento jurídico español. Entre las distintas reformas estructurales y de detalle ha tenido especial trascendencia práctica la referida al efecto de la declaración de concurso sobre los contratos.

En el sistema derogado de la quiebra el auto de declaración de la quiebra llevaba normalmente aparejada la resolución automática de las relaciones jurídicas que unían al quebrado con tercero, aunque en las denominadas quiebras “abiertas” o con posibilidad de continuidad de la actividad se buscaban mecanismos para mantener la vigencia de los contratos.

Con el nuevo sistema concursal los artículos 61 a 70 recogen un modelo en principio general que tiene por objeto establecer los efectos que la declaración de concurso pueda tener en los distintos contratos que el concursado tuviera en vigor en el momento de la declaración del concurso, contratos que pueden generar obligaciones para el concursado, que pueden suponer derechos pendientes de percepción o que pueden establecer prestaciones recíprocas entre los contratantes.

La LC pretende sintetizar en 10 artículos tanto el principio general de mantenimiento de los contratos en vigor, como las especialidades concursales en función de la naturaleza de los contratos y la incidencia que puedan tener los mismos en el concurso tanto en supuestos o escenarios de convenio –en los que al concursado le puede interesar mantener íntegros los contratos estratégicos que le permitan la continuidad de la actividad–, como en escenarios de liquidación, en los que sea imprescindible el mantenimiento de algunos contratos para que los bienes que conforman la masa activa no pierdan valor o para mantener la actividad que habilite la venta de la empresa o de una unidad de negocio en liquidación.