La actividad urbanística se ha ido progresivamente enriqueciendo en sus planteamientos y contenidos hasta integrar en ella las políticas protectoras del patrimonio cultural, en unos términos que desbordan el clásico contexto en el que tradicionalmente se habían contemplado, conformando una apuesta por el modelo histórico de desarrollo urbano concentrado donde se reconozca la identidad de la ciudad histórica compacta, sus usos y actividades, y donde el patrimonio cultural debe dejar de mantenerse en posiciones meramente defensivas. Al servicio de este modelo de desarrollo, la catalogación urbanística se presenta con bríos renovados. En general, la catalogación es una herramienta de trabajo con formato de documento que adquiere interés desde una doble dimensión. La primera, de orden científico-técnico, en la medida que supone el desarrollo de una investigación sobre la realidad arquitectónica de un espacio, urbano o rural, encaminada a la localización, identificación y descripción sintética que permite el conocimiento básico de elementos que presentan interés ambiental, paisajístico o cultural. La segunda, de orden jurídico en sentido estricto, que utiliza la propia actividad de catalogación y su soporte documental como medio conducente a la protección de aquellos bienes que incluye. En este sentido, se puede añadir una tercera dimensión que es su cualidad de trascender el mero documento, adquiriendo la condición de instrumento de ordenación urbanística, de categoría de protección del patrimonio cultural, o de ambas cosas a la vez. Esta doble naturaleza que en la actualidad tiene la catalogación protectora, y sobre todo, el que se haya predispuesto en algunos casos un único régimen jurídico para los bienes que sean objeto de catalogación urbanística, es una de las aportaciones más novedosas que en el panorama normativo español ha introducido la legislación de las Comunidades Autónomas, novedades que son analizadas en esta publicación, junto con los pronunciamientos ju