Si la habilitación de mecanismos dirigidos a fortalecer el diálogo social en la empresa se muestra constante en la búsqueda de nuevos espacios negociales y en la intensificación de sus contenidos, la selección de los instrumentos destinados a formalizar los resultados de la acción colectiva manifiesta también una evolución paralela a la de aquellos. Aunque la fenomenología que tales procesos presentan no ofrece caracteres uniformes, la significación de su ejercicio ha girado siempre en torno a la habilitación de instrumentos destinados a incrementar los espacios de concertación en la empresa y el fortalecimiento del control sobre las decisiones empresariales, cuando no a condicionar al acuerdo la propia validez de las mismas. En el primer caso, la negociación se valora como un objetivo en si mismo, incorporándose al procedimiento para la adopción de decisiones empresariales cuya trascendencia colectiva señala un espacio de oportunidad para el intento de acuerdo; en el segundo, aparece como destinataria de una reserva de competencias reguladoras sobre determinadas materias cuyo régimen -o la disponibilidad sobre determinados aspectos del mismo- quedan abiertos a la intervención negocial colectiva.