En los años recientes, las cuestiones vinculadas a la libertad de expresión, el derecho a la información, el control constitucional frente a los excesos del poder y la necesidad de encausar dentro de principios racionales, éticos y objetivos, los contenidos que difunden los medios de comunicación han pasado a ocupar un lugar de primera importancia en la agenda de las políticas públicas de todas las regiones y países del planeta. A pesar de los diferentes niveles de desarrollo, de las desigualdades en los ordenamientos constitucionales y de las características particulares de los diversos poderes judiciales nacionales, el conjunto de problemas que rodea la libertad de expresión y el derecho a la información, constituye un capítulo esencial y prioritario del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Actualmente, los elevados principios, aprobados en 1948, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en París, y contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos han sido ratificados por los 192 países miembros, así como los pactos aprobados en diciembre de 1966, relativos a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales.