En la Colección «Comentarios a la Legislación Social» de la Editorial Comares, que lleva ya casi dos décadas impulsando los estudios en materia de Derecho Social y del Trabajo, encuentra el profesional y lector interesado en la materia, este estudio técnico-jurídico y sistemático de la Ley 36/2011, reguladora la Jurisdicción Social, teniendo presentes las reformas experimentadas en la misma hasta finales de 2012. La obra lleva a cabo tanto un tratamiento riguroso y de orientación jurídico-práctica, como análisis concisos de tipo teórico y práctico. En consecuencia, incorpora un estudio de las construcciones jurisprudenciales respecto a cada uno de los artículos y materias estudiadas.
La idea-fuerza que lo preside es la de realizar un tratamiento técnico-jurídico y jurídico-práctico de los problemas que suscita la aplicación de la Ley 36/2011. Un enfoque de utilidad para todos los modelos de juristas que no excluye a los alumnos de los distintos ciclos académicos y de los diversos títulos de Grado, Máster Universitarios y programas de Doctorado. Pero también son sus destinatarios, todas aquellas personas, licenciados, graduados y profesionales, interesados en el estudio del Derecho Procesal del Trabajo. Se desea proporcionar a todos los interesados en el conocimiento del proceso laboral un estudio que contribuya a resolver los problemas aplicativos que plantea esta rama especial.
La finalidad última de esta obra es permitir una comprensión global y especializada del desenvolvimiento vital del cuerpo legal más importante de nuestro sistema de procedimiento laboral. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se inserta, desde su importante función garantista, en una disciplina de composición muy heterogénea, el Derecho Social y del Trabajo, que hoy, como siempre, constituye un Derecho vivo, muy apegado a la realidad social en la que opera y a la cual contribuye a formalizar jurídicamente.
Ya la editorial Comares en el año 2001 publicó en dos tomos el Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral dirigido por Monereo Pérez, Moreno Vida y Gallego Morales. La idea inicial de realizar este comentario estuvo motivada por la necesidad de llevar a cabo por la doctrina jurídica un Comentario sistemático a la Ley de Procedimiento Laboral, extenso y analítico; y que se agravó por dar cuenta de la incidencia de nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero) que sustituyó a la Ley de 3 de febrero de 1881 en el proceso laboral (en virtud, señaladamente, de la «Disposición Final Undécima. Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral» de la LEC, que modifica varios artículos de la misma, y que tenía la pretensión explícita («Exposición de Motivos») de garantizar adecuadamente el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Pasada prácticamente una década de la realización de dicho comentario, tras otra publicación en el año 2011, ha sido necesario revisar su contenido debido a los cambios normativos de profundidad que se han llevado a cabo hasta la fecha. Como ponen de relieve los procesos reformistas de los últimos años, la evolución del sistema normativo regulador del procedimiento laboral es compleja y contradictoria. La reforma social está teniendo una incidencia muy acusada en el plano adjetivo o procesal, inescindiblemente vinculado al Derecho sustantivo. En estos últimos años lo ponen de manifiesto las reformas introducidas a la Ley de Procedimiento Laboral y a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social por normas sustantivas, como es el caso ?entre otras? de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes, para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, La Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, la LO 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, la Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, o incluso las últimas reformas llevadas a cabo en materia laboral, como la de 2012. Esto significa que la norma material en materia social, por lo general muy cambiante, tiene su reflejo en la procesal, aunque no a efectos de un replanteamiento profundo de ésta, sino simplemente para retoques de aspectos muy concretos, pues hay que recordar que en materia laboral, los principios del proceso laboral quedaron ya configurados en la Ley de Tribunales Industriales de 1912, sin cambios sustanciales hasta la actualidad.