La nueva disciplina comunitaria en materia de contratos públicos se articula sobre tres directivas enmarcadas en la estrategia Europa 2020: la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión; la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; y la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los denominados sectores excluidos –agua, energía, transportes y servicios postales–.
Este paquete normativo constituye la cuarta generación de directivas en la materia, dato que por sí solo da idea de la complejidad y de la relevancia de la contratación pública y que corroboran su transposición y su faz de instrumento al servicio de políticas sociales, de igualdad, medioambientales, etcétera.
De la dificultad de dicha transposición es bien consciente el legislador español, que con escaso éxito se ha enfrentado a esta tesitura en tres ocasiones previas. Por lo demás, la reiterada importancia de la materia se ha acrecentado con una reforma como la que se aborda en este libro y que amplía el ámbito objetivo de aplicación de las directivas. En este sentido sus páginas sitúan al lector ante una reforma tan ambiciosa como para avanzar la voluntad de las instituciones comunitarias de disciplinar toda la contratación administrativa, voluntad que se deduce tanto de la nomenclatura de la Directiva 2014/24, como de la regulación de aspectos sustanciales hasta ahora exentos de su acción normativa. Es el caso, por ejemplo, de las concesiones de servicio público.
Razones como las mencionadas justifican que los expertos coincidan en la extraordinaria importancia de estas directivas y de su correcta transposición, aspectos a cuyo análisis, por esto mismo, se dedica este libro.