La presente obra es el fruto de dos años de seguimiento y análisis de los resultados arrojados por la aplicación de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, dentro del marco de estrecha colaboración con los Juzgados, Fiscalía y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado especializados en materia de violencia de género. Principalmente, tres conclusiones son las deducidas en este estudio y que dotan de valor práctico a este trabajo. Por un lado, partimos del indubitado logro del legislador al conseguir la visualización de un conflicto ante la sociedad y las instituciones públicas. A partir de ahí, en el plano jurídico se plantea una toma de postura valiente y tendente a rechazar frontalmente este tipo de violencia sexista a través de la regulación de unos instrumentos legales basados en la Libertad, Justicia y Seguridad Jurídica. En un conflicto complejo y multidisciplinar como es éste, la coordinación entre los diferentes servicios, principalmente, en los casos relativos a la ejecución de decisiones judiciales y policiales, se presenta como pieza clave en el funcionamiento de la protección institucional de víctima y agresor. La manifestación de ciertas zonas #sordas# o de incomunicación entre estos servicios, de no ajustarse debidamente, podrían generar la posible responsabilidad del Estado por anormal funcionamiento de la Justicia y de sus servicios en general. A tal fin es decisivo el estudio de un nutrido grupo de Protocolos todos ellos articulados para asegurar los estándares de diligencia debida de la Administración en este engranaje de protección integral de la víctima. Por último, este trabajo pone de manifiesto el resultado de una jurisprudencia necesariamente controvertida hasta poner en marcha una Ley de una complejidad como ésta. Se trata, pues, de un trabajo práctico que pretende poner de manifiesto los aciertos y posibles reajustes que toda Ley nueva exige en su proceso de consolidación, sin perder