Definir la transparencia iusinformativa, identificarla como un bien jurídico deseable y aplicarla al poderoso sector audiovisual español han sido objetivos de esta obra. Un ejercicio estricto de abstracción y un esfuerzo exegético concienzudo han generado un estudio teórico, en este caso, que permite deducir las obligaciones y compromisos que gravan al sector, en relación con las audiencias, con los inversores y con las autoridades administrativas y políticas. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los distintos Registros Públicos y los Ministerios con competencias en el sector audiovisual rivalizan por obtener unos datos que los operadores desean ocultar. Los deberes legales de las empresas audiovisuales cotizadas superan con creces los gravámenes de las empresas no cotizadas. El buen gobierno corporativo traslada, en este último caso, al terreno de la responsabilidad social corporativa la respuesta empresarial a la demanda cívica de acceso a información y de transparencia. El deber de informar con antelación de los contenidos ofertados, de las inversiones de los operadores, de las ayudas públicas recibidas y de las compensaciones, de la titularidad de las acciones, de las operaciones societarias, de los acuerdos entre empresas, de la compra de contenidos y de las condiciones de su adquisición y de la concentración empresarial es una exigencia iusinformativa abordada por una legislación dispersa y deficiente a la que, aquí, se pone en orden y se interpreta sistemáticamente.