Uno de los objetivos que se propone nuestro sistema político es que el Estado nunca más se convierta en verdugo, en enemigo de los ciudadanos, y, para ello, introduce en las constituciones unos contenidos materiales que el legislador y el resto de poderes públicos están obligados a respetar. En la medida en que el ordenamiento jurídico penal es el instrumento idóneo para ejercer una desmedida represión, se pone la mirada en su domesticación y se examinan los presupuestos para comprobar la compatibilidad constitucional de las normas penales. ¿Qué criterios se deben emplear en la evaluación constitucional de un delito? La presente investigación se adentra en una de las herramientas ideadas por la doctrina penal que puede contribuir a la señalada tarea: la teoría del bien jurídico. Esta obra explora sus antecedentes históricos, los diferentes debates sobre su posible rendimiento crítico y formula una comprensión de la misma que trata de conciliar su cometido dogmático con su contribución al control de constitucionalidad, el cual adolecería de algunos déficits si se depositara en exclusiva en el principio de proporcionalidad. El trabajo incorpora una orientación práctica a través del examen de varias figuras delictivas que suscitan problemas de legitimidad constitucional diversos.

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