La sustitución de la instrucción judicial por la nueva dirección jurídica encomendada al Ministerio Fiscal, constituirá la definitiva consagración del principio de independencia e imparcialidad del juez garante de los derechos fundamentales de las partes.

Múltiples han sido los intentos de reforma de nuestro sistema procesal penal para adaptarlo a las exigencias constitucionales, que proclaman la necesidad de garantizar la actuación independiente e imparcial del juez garante de los derechos fundamentales Y ello porque en la fase de instrucción la intervención del juez puede levantar sospechas al llevar a cabo este actuaciones jurídicas, y relaciones con las partes que podrían generar un posicionamiento a su favor o en contra, en perjuicio de los principios que como tercero imparcial debe abanderar.

Por otra parte la atribución al Ministerio Público de la nueva dirección jurídica de la fase de investigación, viene abalada por el principio acusatorio, ya que es él quien ejercita la acción penal pública en base al resultado de sus pesquisas, y su actuación sometida a los principios de legalidad y oportunidad.

En este libro se analiza con profundidad las pretendidas reformas del Anteproyecto de la LECRIM de 2020, en el que encomienda la nueva dirección al Ministerio Fiscal bajo los principios de legalidad, imparcialidad y oportunidad. Así mismo se hace un exhaustivo examen de la nueva Circular de la Fiscalía 2/2022, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal, antesala de la esperada reforma, que se dicta para unificar criterios en materia de actuación e investigación extraprocesal del Ministerio Fiscal hasta que se apruebe la tan ansiada reforma del proceso penal.