Transcurridos mas de cincuenta anos desde que , la legislación de expropiación forzosa sentara las bases del actual sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, puede afirmarse, sin incurrir en exageración alguna, que este instituto del Derecho Administrativo ha sido de los que han calado en mayor medida entre administradores y administrados, pues al día de hoy ninguna actuación u omisión administrativa queda fuera del tupido tamiz que representa la normativa reguladora del resarcimiento por los daños que aquéllas ocasionen a personas o entidades que no están obligados a soportarlos.
Sabedores de la importancia que encierran desde la perspectiva dogmática las categorías que están presentes en la institución, pero también cons­cientes de la trascendencia práctica que tiene su aplicación, tanto por haberse convertido en un pilar del Estado de Derecho, como por los cuantiosos recursos económicos que se destinan a satisfacer las reclamaciones indemnizatorias, un grupo de profesores universitarios ha abordado el estudio de la resposabilidad patrimonial de las Administraciones públicas con la pretensión que anuncia el título de la obra, esto es, analizar las cuestiones comunes vinculadas a la regulación general y, además, ofrecer una visión pormeno­rizada de las modulaciones que presenta su aplicación en aquellos sectores de la actuación administrativa en los que se produce o bien un mayor número de reclamaciones, o éstas suelen ser de mayor entidad.