El reconocimiento constitucional de servir la Administración con objetividad los intereses generales, hace que, en nuestro Estado de Derecho, se acompañe del principio de seguridad jurídica como garantía de la responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos así como de una actuación pública encamina por transparencia en su gestión.

Uno de los ámbitos del sector público con mayor recuperación social y económica es el urbanismo, que se desarrolla en un marco constitucional que reconoce el derecho a la propiedad privada, caracterizada por no ser un derecho absoluto sino que su función social delimitará su contenido.

En este contexto tras abordarse brevemente la responsabilidad patrimonial, son analizados supuestos generadores de derecho e indemnnización ante determinadas decisiones urbanísticas que provocan un daño al ciudadano, con requisitos muy determinados, como las vinculaciones y limitaciones singulares, la modificación o extinción de la eficacia de los títulos habilitantes de obras o servicios, o a su anulación, demora injustificada, denegación improcedente u otorgamiento defectuoso, la ocupación de terrenos destinados a dotaciones públicas, daños y gastos inútiles por obtener una información errónea, la falta de resolución en plazo de la aprobación de instrumentos de ordenación o de ejecución urbanística.