Favorecido por el reconocimiento de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado que proclama nuestra Constitución, las creaciones intelectuales revisten una enorme importancia económica y, a su vez, generan ciertos privilegios a sus creadores. El presente estudio analiza la constitucionalidad de esos derechos de autor en España. Materia alentada por la carencia de una postura clara al respecto en nuestra Carta Magna. Todo lo contrario al modo de planteamiento de la protección constitucional de los consumidores y usuarios de esas obras intelectuales, en virtud de la consagración de la libertad de acceso a la cultura de todos los ciudadanos. Así las cosas, se hace interesante la interpretación de diversos preceptos de nuestra Norma Normarum. En cualquier caso, no hay unanimidad en admitir los derechos de autor como derechos fundamentales, además, en contra, la Ley de Propiedad Intelectual es una ley ordinaria y no orgánica. Con todo, debemos aceptar la constitucionalidad de los derechos de autor en base a la necesaria sujeción a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. De modo que los efectos económicos que se derivan de esta apreciación no pueden ser obviados, pues podrían plantearse reclamaciones por vulneración de derechos de autor aún más cuantiosas. En definitiva, y teniendo en cuenta que nuestros constituyentes contaban con excelentes precedentes (como el Texto Constitucional portugués) se echa en falta que no exteriorizaran la misma exactitud en nuestra Norma Básica, pues la aludida imprecisión hace indispensable la inferencia que, a su vez, puede generar confusión.