Esta obra analiza críticamente las recientes reformas introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil relativas a la intervención procesal de la persona física, especialmente como parte en el proceso. En un contexto de transformación social marcado por el envejecimiento de la población, la visibilización de la discapacidad y el reconocimiento progresivo de la autonomía infantil y adolescente, estas reformas pretenden ofrecer una respuesta jurídica más acorde con la realidad contemporánea. Se abordan tanto los avances logrados como las tensiones interpretativas y disfunciones normativas que las acompañan.

Además, se estudia el impacto de la futura reforma sobre acciones colectivas en materia de consumo, actualmente en tramitación parlamentaria, con especial atención a las implicaciones en los conceptos de representación y legitimación procesal. A partir de un enfoque académico riguroso, los autores ofrecen un análisis técnico y fundamentado de los nuevos textos legales, sus vacíos, contradicciones y efectos prácticos, sin perder de vista su potencial para mejorar la tutela judicial efectiva de las personas físicas en el proceso civil.