Esta obra se adentra en el análisis crítico de una de las prestaciones sustanciales del sistema de Seguridad Social, la pensión de viudedad, auténtica superviviente de las embestidas reformistas que el modelo de protección social está sufriendo al cobijo de la crisis económica y la consabida alusión a la «sostenibilidad del sistema». La expresión «ajuste de cuentas» está adquiriendo unos perfiles realmente preocupantes en lo referente al gasto social y desde hace tiempo la Seguridad Social, tal y como la veníamos entendiendo y fue originariamente concebida, está en el punto de mira.
En el contexto del «tsunami legislativo» en materia social que estamos experimentado al redactar estas líneas, resulta inevitable sentir cierto vértigo al expresar públicamente en un documento escrito cualquier tipo de inquietud que desemboque en una nueva iniciativa desreguladora o regresiva en el reconocimiento de derechos. Sin embargo, dado que nuestro objetivo es acometer un estudio integral de la pensión de viudedad, debemos centrar los términos del debate: nuestras críticas y propuestas, van orientadas hacia una reconfiguración de esta prestación que no ha de culminar en una reducción de los recursos públicos que se destinan a cubrirla, sino en una reordenación y redistribución de los mismos, haciendo realmente efectivo el principio de solidaridad que debe presidir cualquier sistema público de Seguridad Social.
Desde su configuración jurídica inicial, se trata de una prestación que ha experimentado multitud de reformas parciales que han intentado, con mayor o menor éxito, adecuarla a los tiempos. Los orígenes de la pensión de viudedad son de sobra conocidos. El ordenamiento jurídico-laboral español, diseñó una prestación cuyo objetivo esencial era dar cobertura social a un colectivo de personas (mujeres), que tras el fallecimiento de sus cónyuges (varones), necesitaban contar con una fuente de ingresos para hacer frente a su nueva situación. Pensión feminizada en sus orígenes por unas razones —sus destinatarias eran esencialmente amas de casa que nunca se incorporaron al mercado de trabajo—, y en el momento actual, tras la consagración constitucional del principio de igualdad por razón de sexo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por otras —en parte porque aún perduran viudas a la antigua usanza, en parte por razones netamente demográficas, ya que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los hombres—.