La Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula un derecho de participación renovado, que se puede manifestar tanto en el ámbito de la adopción de las decisiones empresariales sobre seguridad y salud de los trabajadores como en la aplicación de aquellas. Con esta Ley el derecho de participación adquiere una nueva dimensión que permite a los trabajadores intervenir en el plano individual y, sobre todo, en el colectivo, a través de diversas vías y procedimientos de participación, que vienen predeterminadas por la normativa internacional, fundamentalmente por la que emana de los órganos competentes de la Unión Europea. En la Exposición de Motivos proclama su vocación de universalidad, principio que le sirve para justificar la aplicación de la misma en las Administraciones públicas. De esta manera, no solamente se aplica al personal laboral, sino también al personal funcionario y otro personal que regula sus servicios por normas administrativas o estatutarias. Su aplicación no está exenta de problemas; la regulación que el legislador ha realizado para facilitar la adaptación de la Ley a las Administraciones públicas, presenta deficiencias que es conveniente destacar. En el presente trabajo se aborda el estudio y análisis del derecho de participación en la prevención de riesgos laborales de trabajadores y funcionarios, que se ejerce a través de representaciones colectivas en aquellas empresas, centros de trabajo o entidades administrativas en las que pueden constituirse aquellas representaciones. Ha transcurrido ya más de un lustro y no han sido muchas las aportaciones doctrinales dedicadas al estudio de este derecho. Superadas las urgencias iniciales que se produjeron en su estudio, es oportuno realizar un análisis reposado de la situación, intentando poner de relieve algunos problemas que hasta ahora no han sido expuestos