Como cualquier institución jurídico laboral, la actual regulación en materia de negociación colectiva es producto de diferentes reformas que se han producido a lo largo del tiempo. No obstante, la vigente regulación se caracteriza por un elemento peculiar: que se ha producido una acumulación de reformas tremendamente relevantes en un corto espacio de tiempo; concretamente entre 2010 y 2012. Ciertamente no todas ellas han seguido idénticos pasos, si bien las líneas generales de las reformas han sido las mismas: utilizar a la negociación colectiva como instrumento que facilite mayores dosis de flexibilidad laboral, sobre todo desde la perspectiva de conceder una mayor capacidad a la empresa para adaptarse a los cambios de la situación económica; pretensión que se ha plasmado sobre todo en la necesidad de alterar la estructura imperante de la negociación colectiva por la vía de convertir a la empresa en el centro de esa estructura, privilegiando de diferentes maneras el ámbito de empresa. El legislador ha intervenido alterando las reglas sobre estructura de la negociación, buscando como resultado que el ámbito de negociación de empresa se configure como el teatro de operaciones básico en la negociación colectiva; teniendo la decisión consecuencias muy importantes tanto desde la perspectiva de las reglas sobre concurrencia entre convenios, como en relación a la eficacia del convenio colectivo.
El conjunto normativo de la negociación colectiva se ha visto alterado por el complejo conjunto de reformas laborales que se inician una vez que el legislador tomó conciencia de las nocivas consecuencias que estaba produciendo en nuestro país la crisis económica desde 2008 (si bien algunos aspectos se presentaron ya a finales de 2007). En este sentido aspectos como la concurrencia de convenios y la prioridad aplicativa del convenio de empresa, la modificación sustancial de condiciones de trabajo, el descuelgue salarial y el descuelgue de condiciones de trabajo, la eficacia del convenio colectivo, o la utilización de la negociación a nivel de empresa como mecanismo de gestión de la flexibilidad interna, son cuestiones que han sido sucesivamente modificadas por el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo; la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de idéntica denominación; el Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva; el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y la Ley 3/2012, de 6 de julio, igualmente denominada de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Hay que tener en cuenta que esta acumulación normativa no ha afectado exclusivamente a la regulación sobre negociación colectiva, sino que los cambios se han producido también en el resto de áreas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, incluyendo al Derecho Procesal Laboral. A poco que nos fijemos, entre las diferentes normas que acabamos de enunciar, destaca que la mayoría de ellas son normas de urgencia, predominando el uso del Real Decreto-Ley; de ahí que la doctrina laboral haya señalado que nuestro país se ha venido caracterizando en los últimos años y en el ámbito del Derecho del Trabajo por un verdadero estado de excepción normativo.