El ejercicio por el poder público de las diversas potestades de que dispone para llevar a cabo sus objetivos puede incidir sobre la libertad para desarrollar una actividad empresarial y, como parte de ella, también para competir en el mercado. Entendida esta libertad como un derecho subjetivo que atribuye a su titular un conjunto de facultades, el ejercicio de estas últimas puede verse, en consecuencia, limitado, esto es, restringido o constreñido, como consecuencia de la actuación pública. Resulta incorrecto, sin embargo, interpretar de forma estricta esta limitación, ciñéndola únicamente a aquellos supuestos en los que la actuación pública se dirige de forma inmediata a producir un perjuicio en la esfera jurídica protegida por el derecho de libertad. Esta esfera jurídica también puede resultar afectada de forma negativa como resultado de actuaciones que carecen de aquellos elementos de finalidad e inmediatez. A este respecto, las medidas tributarias, las subvenciones o la propia actividad pública directa en el mercado representan ejemplos de esa actuación que puede limitar el ejercicio de la libertad de empresa en la competencia. La reserva de ley, el respeto del contenido esencial del derecho y los principios de proporcionalidad y de igualdad se erigen, entonces, como los principales parámetros a los cuales acudir para valorar la constitucionalidad de la limitación.