En una sociedad de sujetos libres, en la que los derechos humanos forman parte del núcleo de su identidad normativa, la legítima defensa no puede ser un instrumento de «combate contra un enemigo». Pues bien, esta obra pretende establecer cómo ese orden social puede reflejarse en esta concreta institución de la dogmática jurídico-penal: mediante la acción defensiva el agresor no debe ser considerado como un proscrito, sino que debe ser respetado como persona. Para ello, el autor opta por un método dogmático que entiende que el sistema del Derecho penal no es más que una derivación del sistema social que por diferenciación lo ha generado. La primera parte de la obra concluye el análisis de las teorías de la legítima defensa con una crítica al modelo dominante: la tesis del doble fundamento constituye una amalgama heterogénea de principios cuya combinación no puede ser considerada «una» teoría. Los principios de «protección individual de bienes» y del «prevalecimiento del Derecho» responden a una concepción filosófica y política diversa, que impide una combinación armónica entre ambos. Según el autor, el modelo imperante no logra superar este escollo y termina diluyéndose en un círculo vicioso en el que los principios fundamentadores se explican a partir de sus consecuencias sistemáticas y viceversa. En la segunda parte se afirma que el fundamento de la legítima defensa no debe partir del derecho del agredido aisladamente considerado, sino de la infracción de un deber por parte del agresor. En toda situación de legítima defensa el agredido revoca mediante la acción defensiva el curso lesivo iniciado por el agresor. Por ello, las consecuencias lesivas de la legítima defensa deben imputarse exclusivamente al ámbito de responsabilidad del agresor, en razón de que sólo a él le «incumbe» la evitación del suceso. Ello tiene numerosas consecuencias sistemáticas, especialmente respecto a los límites de la legítima defensa: la problemática que plantean las agresiones provenient