El libro se divide en dos partes. En la primera se ofrece una exégesis histórica de los conceptos de soberanía y legitimidad política en el marco en el que hasta ahora se han venido desarrollando: el Estado. El objetivo es sentar las bases para aplicar estos conceptos clásicos del constitucionalismo democrático y social en una crítica de la Unión Europea actualmente existente. Las tesis fundamentales que mantenemos es que la esencia de la soberanía popular está en preservar en última instancia el derecho del Pueblo a la revolución, para garantizar así que pueda vivir de acuerdo a su «espíritu general» (Montesquieu); y que aunque es jurídicamente legítimo y políticamente incluso recomendable ceder a instancias supranacionales el ejercicio de competencias estatales, porque además éstas surgieron precisamente para garantizar el ejercicio efectivo de la soberanía estatal (pues a veces los Estados aislados resultaban demasiado pequeños para ello), la deriva que ha tomado la globalización, especialmente por lo que respecta a la reducción de los espacios políticos, que supone el alejamiento de los ciudadanos de la toma de decisiones, cada vez más importantes para su vida cotidiana, supone una quiebra del principio democrático.

En la segunda parte se diserta acerca del modo y manera en que la Unión Europea garantiza el ejercicio de la soberanía popular y, por lo tanto, qué legitimidad política puede arrogarse. Desde planteamientos post-modernos y kelsenianos la soberanía popular no se garantiza correctamente porque, de hecho, se rechaza la idea de soberanía (o lo que es lo mismo, se le niega su fundamento esencial de indivisibilidad y se propone sustituirla por el de competencia de la competencia), de manera que el Pueblo, como sujeto soberano que tiene siempre el derecho a decidir los modos y formas en las que quiere ser gobernado, queda difuminado. Por lo que respecta a la legitimidad, desde la distinción clásica entre «legitimidad democrática» de origen y «legitimidad por eficacia» de ejercicio, la idea principal es que la Unión Europea ha llegado al límite de las posibilidades de crecimiento desde parámetros funcionalistas, por lo que la disyuntiva para que el déficit democrático que arrastra de origen no afecte también a la legitimidad por ejercicio de la que hasta ahora gozaba, pasa por, o bien racionalizar y limitar sus competencias y campo de acción a lo que es propio de una unión de Estados de Derecho Internacional, o bien, resulta necesario, mediante la apertura a nivel europeo de un proceso constituyente, dotarla de una Constitución verdaderamente democrática que refleje la voluntad de un único demos europeo en constituirse como Estado.