La efectividad de la vida en familia ha tenido una gran incidencia en el ámbito de la Unión Europea. Aunque en términos estrictos el Derecho de familia sea una competencia interna de cada Estado, la globalización de las relaciones familiares ha supuesto su entrecruzamiento con la extranjería. El Derecho de la Unión impone a los Estados normas sobre la entrada y residencia en su territorio de familiares extranjeros de personas ciudadanas de la Unión que se hayan desplazado al territorio de otro Estado miembro, impidiendo, en consecuencia, que su régimen sea el propio de la extranjería. Sin embargo, esta imposición no se extiende a las situaciones en las que los familiares lo sean de los propios nacionales, por tratarse de una situación puramente interna sin vínculos con el Derecho de la Unión. La regulación de esta cuestión compete a cada Estado, lo cual, teniendo en cuenta las diferencias que se pueden dar, cabe que desemboque en una situación de discriminación inversa.