El estudio que ocupa a esta monografía concierne a la intervención judicial más controvertida de cuantas existen en relación con el sistema privado de solución de conflictos: su fiscalización. A diferencia de las actuaciones de apoyo y auxilio al arbitraje, la acción de anulación escenifica una situación de cierta tensión entre jurisdicción y sistema privado de justicia, al desplegarse una actividad judicial que expone al laudo, nacido con vocación de permanencia, a una consecuencia potencialmente fatal como es la posibilidad de ser declarado ineficaz, dando así al traste con esfuerzos y costes de todo tipo incurridos en el arbitraje. En ese controvertido contexto se enmarca el estudio que ahora se presenta, cuyo objeto lo constituye el análisis de la acción de anulación y, en especial, de la cláusula del orden público recogida como motivo de nulidad conforme al art. 41.1 f) LA. Junto al análisis anunciado, la última parte del libro dará ocasión de reflexionar, desde una perspectiva distinta, sobre dos cuestiones dispares, pero estrechamente relacionadas con la cuestión que centrará nuestro análisis. De un lado, la divergencia de criterios que coexisten en la jurisprudencia sobre la interpretación del orden público en procesos de anulación; y, de otro lado, se especulará sobre un asunto, apenas tratado en nuestra literatura jurídica, como es si la escasa intensidad del control del arbitraje puede llegar a incidir, negativamente, en la decisión de acudir al arbitraje nacional. El análisis de ambas cuestiones, se completará con la presentación de algunas proposiciones de modificación del régimen legal, cuyo único objetivo es contribuir, modestamente, al mejor acogimiento y vertebración del arbitraje en España.