La justicia penal española lleva tiempo esperando su gran reforma mediante una nueva ley procesal penal integral. Con esa finalidad se han formulado diversas propuestas, pero ninguna ha sido discutida en sede parlamentaria, lo que no impide afirmar que la justicia penal esté paulatina y progresivamente reformándose. A ello contribuyen cambios legislativos parciales, bien por iniciativa del legislador estatal, bien por exigencias del Derecho europeo. Pero la principal reforma de la justicia penal es la que está teniendo lugar al margen de esos cambios normativos; es la que responde a las necesidades de adaptación al contexto social y político en el que se ejerce (internacionalización de la criminalidad, impronta de las tecnologías digitales, cambios en las concepciones jurídico-dogmáticas, decisiones de instancias judiciales internacionales?). Todo ello es tratado en los diversos capítulos de este libro, con el análisis de aspectos relevantes del último anteproyecto de LECrim conocido, como una futura instrucción por el ministerio fiscal o las facultades de las partes acusadoras, pero también de los problemas actuales sobre el acceso a las actuaciones procesales para el ejercicio de la defensa, la incidencia en el proceso penal de la LO 7/2021 sobre protección de datos en dicho ámbito, la realidad de los recursos de apelación por error en la apreciación de la prueba o el efecto de la cosa juzgada, la jurisprudencia del TJUE en materia de detención europea y las consecuencias de una prisión provisional injusta. Todo ello se analiza en esta obra desde la tensión que todas esas cuestiones plantean a las tradicionales garantías procesales.